Hace más de cuatro décadas, cuando la conversación sobre la calidad del agua apenas comenzaba, el Laboratorio Carlos Latorre nació con una convicción clara: asegurar que el agua que llega a cada hogar fuera verdaderamente inocuo, es decir saludable y óptimo para consumo humano.

Con los años, las normativas han evolucionado de manera acelerada, convirtiendo los análisis de agua en una decisión estratégica que impacta de forma directa en la salud pública de las comunidades. En este contexto, la implementación gradual de la Ley 20.998 otorga a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) un nuevo rol para fiscalizar y fijar tarifas en los Servicios Sanitarios Rurales (SSR), anteriormente conocidos como APR. Más allá de un mero control punitivo, la regulación está diseñada para transitar hacia un modelo de gestión sanitario más eficiente, robusto y transparente.

¿Qué pide la Ley?

Para los administradores de los SSR (ex APR), implica el desafío de cumplir con exigentes parámetros normativos para garantizar la inocuidad del agua distribuida a sus comunidades.

  • 1 análisis microbiloógico cada 2 meses que incluye Coliformes totales, Escherichia coli (E. coli), color verdadero y olor/sabor.

  • 1 análisis físico químico anual de todos los parámetros incluidos en la NCh 409/1 (más de 40 parámetros).

Mantener un control físico-químico y microbiológico riguroso deja de ser solo una buena práctica operacional para convertirse en un requerimiento legal directo auditado por la SISS. El monitoreo y ensayos constantes son esenciales para evitar sanciones, pero sobre todo, para proteger la salud de miles de familias rurales que confían día a día en el suministro local.

Frente a este nuevo escenario técnico y regulatorio, contar con el respaldo de un aliado experto y acreditado resulta fundamental. Garantizar la calidad del agua exige una interpretación precisa de los datos, metodologías acreditadas bajo normas internacionales como la NCh-ISO 17025:2017 y un acompañamiento cercano que entienda la realidad territorial de cada comité. La precisión analítica se traduce directamente en tranquilidad operativa y certeza jurídica ante las fiscalizaciones del organismo regulador.

Como pioneros en la certificación de agua potable entendemos que una muestra en el laboratorio trasciende lo químico o microbiológico: representa la salud de las personas. ¿Tienes alguna consulta?